La Próxima Gran Divergencia: Segunda Parte.

Es pertinente comentar, después de algunas discusiones con algunos colegas a los cuales les he compartido este planteamiento, que este ensayo acerca de los grandes episodios de convergencia y divergencia desde la década de 1960 del sureste del país, tiene un intensión meramente normativa, una descripción del fenómeno sin mediar un aspecto positivo; es decir, no pretende invitar a concluir si está bien, o está mal, si es adecuado o inadecuado el desarrollo. Simplemente, en términos normativos, describir en síntesis el proceso histórico, y aventurarme a jugar a adivinar la trayectoria que podría tomar el dínamo económico del sureste versus el resto del país de ahora a una década adelante, sobre todo considerando cómo se está configurando la política energética del país actualmente y la ola de inversiones en el sector automotriz en el centro y norte del país.

Después de esta digresión, vemos que la economía mexicana experimentó, desde finales de la década de 1980 una transformación estructural de un mal logrado proyecto que se distinguió, entre otras cosas, en la elevada y franca presencia del estado en las actividades económicas del país; reflejado, por sólo rememorar algunos ejemplos, en la exclusiva del estado en la producción y suministro de energía (CFE  y Pemex), los servicios financieros, y de las empresas proveedoras de servicios de telecomunicación (telégrafos y Telmex). Como bien sabemos, el camino alterno fue seguir el sendero más o menos delineado en el denominado consenso de Washington, el cual dicta el siguiente decálogo:

1. Disciplina del gasto público.
2. Re-orientación del gasto desde subsidios indiscriminados hacia actividades productivas como la salud, la enseñanza educativa e infraestructura.
3. Reforma fiscal encaminada a ampliar la base imponible y a mantener tipos marginales moderados.
4. Liberalización financiera.
5. Tipo de cambio flotante.
6. Apertura comercial.
7. Liberalización de la inversión directa extranjera.
8. Privatización de empresas públicas.
9. Des-regulación (eliminación de barreras a la entrada y salida en los mercados de trabajo y de productos).
10. Derechos de propiedad garantizados.

Esta clase de reformas fueron iniciadas durante la gestión de Miguel de la Madrid, y galvanizados por Carlos Salinas. Teniendo una huella regional: El TLCN, la reforma cumbre. El tratado de libre comercio contribuyó de manera importante al desarrollo diferenciado a través de las regiones, como Messmacher concluyó:

"El estudio realizado encuentra que la convergencia estatal en el producto per cápita ha sido muy limitada durante los últimos treinta años [...] Además, se ha observado un incremento en términos absolutos de la dispersión del producto per cápita entre estados. [L]os estados del norte del país han crecido más que los estados del centro y sur. Esta es la evidencia más definitiva en términos de un efecto regional diferenciado del TLCAN". (http://goo.gl/m03pr).

De esta manera, la reforma cumbre, la integración comercial de Mexico con Canadá y Estados Unidos, benefició al norte del país. En adición a lo anterior, la re-orientación del gasto público para cubrir más las funciones básicas del estado, que se sumó a la apuesta de ordenar el balance fiscal y sobre todo la defectuosa política energética -la cual no gozó la apertura a la inversión privada como en otros sectores de la economía; únicamente experimentando una reingeniería organizacional (Ley para Petróleos Mexicanos y sus Subsidiarias, 1992)-; condujo a que la economía del sureste tuviera menos factores de ímpetu económico. Así, desde la primera mitad de la década de 1990 hasta inicios de la década de 2000, cuando el modelo de exportación tuvo su rol más decisivo en la economía nacional, la economía del sur experimentó serios rezagos que únicamente la política de asistencia social y algunos outliers -como el desarrollo de Cancún-, atenuaron las diferencias.

También es oportuno señalar un asunto que no es menor, los cambios efectuados en este período que afectaron al sector agropecuario, debido a su incidencia sobre el combate a la pobreza. Las reformas consistieron, fundamentalmente, en alterar el régimen de propiedad (reforma del Artículo 27), que permitió derechos plenos a los tenedores de las 'concesiones'  ejidales; abrir el mercado agrícola nacional a los mercados internacionales (capítulo VII del TLCAN), lo cual incrementó una mayor y gradual interdependencia internacional en la formación de precios agropecuarios internos, y se cambió la estructura de subsidios (Procampo), de una estructura de subsidios indirectos (créditos blandos, precios de garantía, comercialización de los granos básicos por parte del gobierno, etc.) a un esquema de subsidios directos, principalmente una transferencia monetaria anual.

Los resultados favorables esperados fueron exiguos, en el sentido, por ejemplo, de que la reforma del artículo 27 iba a dentar  a los nuevos propietarios antes carentes de tierra -premisa muy bien trabajada por Hernando De Soto Polar-. No obstante, no se observó mejoría generalizada en las siguientes dos décadas. Hubo dos razones determinantes que afectaron al despegue del sector agropecuario: Primero, la crisis económica de 1994-1995 cuyos efectos adversos consistieron con la interrupción del crédito, falta de inversión y retardo en la natural reposición de la infraestructura agropecuaria -principalmente hidráulica-, incremento del precio de la maquinaría y equipo, y otros bienes de capital para el sector que afectó particularmente a los productos agropecuarios no comerciables, y una fuerte caída real en las transferencias públicas al campo.  Y segundo, un fenómeno global, que consistió en una fase bajista dentro de los super ciclos en el precios de los productos agrícolas tropicales que dominó la década de 1990, el cuál se recuperó hasta  alrededor de 2002 (http://goo.gl/H6CMo). Este fenómeno global desmoronó aún más intensiones de inversión en el campo.

De esta manera, aún cuando la transformación que experimentó la economía del país durante la segunda parte de la década de 1980 y primera mitad de 1990 tuvo importantes implicaciones en todo el país, para el sureste del país implico que su sendero de crecimiento bajara durante el período. No obstante, después, un conjunto de factores favorecieron un cambio de tendencia, aunque posiblemente temporal, a partir de alrededor del año 2002, tema del siguiente apartado.